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La Fundación Tierra de Hombres (Tdh), organización que desde 1960 se ocupa en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia alrededor del mundo, a partir del año 2013 se encuentra presente en el Ecuador con el propósito de aportar, desde el ámbito de la formación y asistencia técnica, en la implementación del enfoque restaurativo en el sistema de responsabilidad penal de las y los adolescentes. A través de este moderno paradigma de justicia juvenil, se busca proteger y garantizar al máximo los derechos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal así como los derechos de las víctimas y sus comunidades, con base en las disposiciones y estándares determinados en los diversos instrumentos internacionales que se han expedido al respecto.

En el marco de este objetivo, ha sido de gran significación el trabajo emprendido junto con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por cuanto es el organismo rector y ejecutor de la política pública relativa a adolescentes en conflicto con la ley penal, conforme lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia. Además, en su estructura orgánica se encuentran los Centros de adolescentes infractores y las Unidades zonales de desarrollo integral, los cuales atienden a los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas privativas y no privativas de la libertad, respectivamente.

En virtud de los acuerdos formales que se han generado entre Tdh y el referido Ministerio, ha sido posible desarrollar numerosas actividades que han contribuido a la formación y especialización del personal a cargo de los diversos programas y servicios determinados en el modelo de atención integral, con un enfoque de derechos y con la perspectiva de instaurar la justicia restaurativa de forma sostenible y permanente. Así, ambas instituciones hemos procurado generar procesos que respondan favorablemente a la garantía y protección de los derechos de las y los adolescentes, de manera que se fomente la asunción de su responsabilidad por sus actos y nuevos procesos de aprendizaje, con el fin de que tengan oportunidades para reinsertarse positivamente en los ámbitos familiar, educativo, social y laboral, evitando así comportamientos delictivos a futuro.

Por todo ello, preciso es señalar que se ha recibido con desconcierto el anuncio realizado por el Gobierno del Ecuador en cuanto a la supresión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como parte de un plan de optimización del sector público. Así también, varias organizaciones hemos expresado nuestras preocupaciones en relación a los diversos campos de intervención a cargo del referido Ministerio, dado que el anuncio no vino acompañado de una propuesta concreta de nueva organización institucional que asumiría las responsabilidades que hasta entonces estaban bajo su ámbito de acción.

Tdh está plenamente consciente de la facultad del Presidente del Ecuador de decidir sobre la estructura institucional de la Función Ejecutiva; mas sentimos que es nuestro deber como organización defensora de los derechos de la infancia, el hacer énfasis en las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano, como suscriptor de la Convención sobre los derechos del Niño y de otros instrumentos internacionales afines, en relación con la adopción de las medidas más apropiadas para garantizar un sistema especializado en el ámbito de la responsabilidad penal de los adolescentes. Debe recordarse además que la Constitución de la República incluye entre los grupos de atención prioritaria a las y los adolescentes, quienes en ciertos casos pueden encontrarse en situaciones de doble vulnerabilidad, cuando estos están privados de su libertad. Asimismo, reiteradamente el Comité sobre los derechos del Niño se ha pronunciado en el sentido de que los estados deben adoptar las acciones que más favorezcan a la protección y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en virtud del principio de interés superior.

En tal sentido, de la manera más respetuosa y, a la vez, con la vehemencia que el caso amerita, exhortamos al Gobierno del Ecuador a que aproveche esta oportunidad de cambio institucional, de manera que se adopten las decisiones más acertadas para conseguir el afianzamiento de una política pública y una institucionalidad que garantice de forma constante y sostenible los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley y sus procesos de reeducación, que respete su condición de personas en desarrollo, libres de todo tipo de estigmatizaciones y estereotipos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las instituciones inmersas en la temática, mediante nuestro contingente humano y técnico, que permita avanzar hacia la consolidación del enfoque restaurativo en la justicia penal juvenil.