Modelo de Intervención

La intervención de Tdh se basa en el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y locales, para que poco a poco se vaya transfiriendo la experiencia de Justicia Juvenil Restaurativa en varios escenarios, buscando generar siempre articulación, sinergia, optimización de los recursos, y complementariedad entre los distintos actores. En este sentido el proyecto evita la sustitución, al contrario, busca acompañar y asesorar a las entidades responsables de la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto a un nivel operativo como a nivel normativo. La intervención tiene también un enfoque de prevención, buscando generar mecanismos de diálogo y construcción de paz, no solamente entre los adolescentes en conflicto con la ley penal y los demás actores involucrados de alguna manera con ellos, sino también en el ámbito educativo, familiar y comunitario, con el fin de prevenir la violencia juvenil.

El trabajo de incidencia está presente en todos los niveles de la intervención, ya que busca visibilizar y difundir el enfoque de Justicia Juvenil Restaurativa y las prácticas de paz. Se busca contribuir al desarrollo de una cultura de justicia juvenil respetuosa del principio del Interés Superior del Niño / Adolescente, y de los derechos específicos que asisten a los y las adolescentes en conflicto con la ley en el Perú.

Con esa finalidad, el Proyecto propone un modelo de acción basado en un enfoque de derechos que capacita e involucra a actores del Estado y de la sociedad civil para el desarrollo de un modelo de Justicia Juvenil Restaurativa en el país. Este modelo de Justicia Juvenil Restaurativa busca garantizar la protección de los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal y la reparación a la víctima, aplicando, a su vez, la remisión, mediación y medidas alternativas a la privación de la libertad en los casos de infracción leve o moderada. Para ello, se propone fortalecer el sistema de defensa inmediata de todos los adolescentes detenidos en las sedes policiales y atendidos posteriormente por un equipo psicosocial del Ministerio Público, así como promover el empoderamiento de la comunidad para la aplicación de las medidas dictadas por el Fiscal o el Juez, a través de Unidades Receptoras.